Por encima de la ley

La preservación de la intimidad de los miembros de la familia real atañe a asuntos relacionados con su vida privada, pero en los temas relacionados con sus actuaciones públicas la ciudadanía debe tener derecho a conocerlos abiertamente, más si se trata de cuestiones en las que presuntamente se han movido ilícitamente grandes cantidades de dinero de las administraciones públicas a los bolsillos de miembros de la familia real con las que estos se han enriquecido impúdicamente.

El juez instructor del caso Palma Arena dicta una providencia con fecha 2 de marzo de 2012 mediante la que intenta justificar la implementación de una discriminación judicial.

Urdangarin solicitó al juez instructor que su declaración como imputado no fuese grabada en video, a lo que aquel asintió por considerarla una petición razonable ante la posibilidad de que la grabación de la declaración se difundiese en los medios de comunicación.

En la providencia referida señala que ante los problemas que se originaron por la necesidad de transcribir exactamente el contenido de las respuestas del imputado, considera que a partir de ahora se hace oportuno grabar en video los interrogatorios en el juzgado del resto de imputados de los que se presupone que pueden realizar  declaraciones importantes para el caso.

El juez instructor le hecha la culpa a Urdangarin de la dilación en el proceso de interrogatorio, ya que fue este quien solicitó no ser grabado en video.

Ahora, el juez Castro discurre que para evitar acceder a la solicitud del resto de imputados de que su declaración tampoco sea grabada en video, procederá a tomar ciertas medidas que den garantías de que esas grabaciones no van a llegar a los medios de comunicación.

En el otorgamiento de estas garantías se ampara para justificar la discriminación que se deriva de entre la concesión otorgada a Urdangarin y la negativa dada al resto de imputados en el sentido de que también estos pudieran realizar sus declaraciones sin que las mismas fuesen grabadas en video.

¿Las garantías otorgadas a los imputados que han de declarar después de Iñaki Urdangarin en la providencia del 2 de marzo de 2012 no podían habérsele dado también a Urdangarin previamente a la fecha de su citación en el juzgado como imputado, y en base a ello no acceder a su petición de que su declaración no fuese grabada en video?.

De la providencia dictada por el juez se infiere un razonamiento dudoso para justificar una discriminación en lo que se refiere a acceder a la petición de no grabar la declaración de Urdangarin, y si grabarla en el caso del resto de imputados, presentando esta decisión como si la misma se debiese a una postura de toma de fuerza, y no al deseo de otorgar un favoritismo a uno de los imputados.

De lo que se dice en esta misma providencia, se infiere que del hecho de que el interrogatorio durase 22 horas no se puede deducir que este fuese tan exhaustivo como se presupone de su duración, pues de todo este tiempo, 14 de estas horas se dedicaron a corregir las transcripciones de la declaración para que se ajustase lo más literalmente posible a las palabras textuales del imputado.

El juez Castro justifica la petición de Urdangarin y su decisión favorable a la misma en que es cierto que se corría el peligro de que la grabación llegase y se difundiese en los medios de comunicación, pero esta aseveración del instructor se contradice con las medidas tomadas en la providencia para otorgar garantías al resto de procesados de que las grabaciones de sus declaraciones no serán difundidas públicamente.

Esta contradicción siembra dudas en la objetividad de un proceso penal donde presuntamente están o pueden estar implicadas personas pertenecientes a la familia real española.

¿El hecho de que la declaración de Iñaki Urdangarin se visualizase y escuchase  públicamente supondría un perjuicio para el  proceso penal en curso, o le haría ganar en credibilidad y transparencia?.

La preservación de la intimidad de los miembros de la familia real atañe a asuntos relacionados con su vida privada, pero en los temas relacionados con sus actuaciones públicas la ciudadanía debe tener derecho a conocerlos abiertamente, más si se trata de cuestiones en las que presuntamente se han movido ilícitamente grandes cantidades de dinero de las administraciones públicas a los bolsillos de miembros de la familia real con las que estos se han enriquecido impúdicamente.

La opacidad siempre ha caracterizado a todo lo relacionado con las finanzas de la Casa de Su Majestad el Rey.

Juan Carlos I es rey de España desde el 22 de noviembre de 1975, y desde esa fecha hasta el 28 de diciembre de 2011 nunca había hecho públicas sus cuentas. En esta última fecha, y presionado por los acontecimientos en torno a la investigación judicial de su yerno, hace gala de hacerlas públicas como un ejercicio de transparencia democrática.

Pero estas cuentas no se ajustan objetivamente a la realidad, pues las mismas no incluyen las aportaciones de distintos ministerios a la Casa Real para sufragar múltiples gastos de mantenimiento de esta, que exceden con mucho a la cantidad conocida derivada de los Presupuestos Generales del Estado para que el rey la distribuya directamente según su criterio.

Artículo 65 (Constitución española)

 El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma.

Pero tanto la cantidad percibida por la Casa de Su Majestad el Rey por este concepto constitucional como las otras cantidades percibidas de diferentes ministerios, están exentas de ser sometidas a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, a pesar de lo que respecto a este dice la Constitución:

 Artículo 136.

1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público.

Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.

2. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste.

El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido.

3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces.

4. Una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas.

¿Las cuentas de la Casa de Su Majestad el Rey no constituyen parte de la gestión económica del Estado y del sector público?.

Esta excepción supone la implementación de un precepto antidemocrático, nítidamente antisocial, y claramente contrario al principio de transparencia que debe regir en todas las cuentas públicas.

Además esta excepción se complementa en el mismo sentido con el precepto constitucional que otorga al rey el derecho a no ser penalmente imputable,según queda establecido en el artículo 56.3:

3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.

Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2.

Ambos preceptos recrean espacios de impunidad legal en torno a la persona del rey que pueden hacerse extensivos a otros miembros de la familia real, al poder influir este principio de impunidad en el proceso de toma de decisiones judiciales que potencialmente pudieran afectar a esos otros miembros de la familia real.

Si el rey no es imputable legalmente y las cuentas de la institución que representa están exentas de ser legalmente fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, es obvio por manifiesto que el rey está por encima de la ley.

¿Puede ser compatible que una persona-institución que ostenta la máxima representación institucional de un estado, sea considerada democrática a la vez que se ve elevada por encima de la ley?..

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