El útero de la mafia (II)

La sobredimensión del Tesorero

El llamado Caso Naseiro comienza a incoarse hacia diciembre de 1989, cuando el juez Luis Manglano autoriza escuchas telefónicas para investigar un presunto delito de tráfico de drogas. De estas grabaciones que recogen conversaciones entre diciembre de 1989 y abril de 1990 entre Salvador Palop Martínez, ex concejal del Partido Popular por Valencia ya fallecido en 2008, y varios miembros del Partido Popular, se destapa sin pretenderlo un presunto asunto de financiación ilegal del PP.

Es a raíz de estas conversaciones telefónicas que resultan imputados el Tesorero que ocupaba el cargo en ese momento, Rosendo Naseiro (1987-1990), y su antecesor en el puesto, Angel Sanchís (1982-1987). Pero el Tribunal Supremo anula en 1992 la carga probatoria de dichas escuchas telefónicas.

Las pruebas obtenidas en las conversaciones telefónicas que imputaban a los afectados un presunto delito de financiación ilegal fueron sobrevenidas, no relacionadas por tanto con la causa que motivo la autorización de las mismas, que estaba relacionada con indicios de actividades de narcotráfico. En ello se basó el Tribunal Supremo para estimar que los derechos de los imputados habían sido conculcados.

Al ser anulada la prueba de cargo, el Tribunal Supremo pudo justificar jurídicamente la absolución de los imputados en el Caso Naseiro en julio de 1992. Si no hay prueba de cargo no hay acusación posible, y si no hay acusación no cabe sino la absolución. Una perfecta artimaña jurídica que permitió la continuidad de la trama de financiación ilegal a través de la tesorería del partido.

En mayo de 1990 Ruíz Gallardón elaboró un informe sobre el Caso Naseiro que acabó exculpando de toda responsabilidad a los máximos dirigentes de su partido, y cuyas principales conclusiones fueron:

1. La Policía judicial ha actuado al margen del derecho por razones no declaradas, pero ajurídicas, que exigen una investigación parlamentaria para aclarar la responsabilidad del Ministerio del Interior y la personal de los funcionarios implicados.
2. El juez Manglano ha actuado con exclusión del respeto debido a las normas sobre competencia judicial y con violación -presunta, pero más que razonable- de derechos fundamentales amparados por la Constitución, lo cual puede determinar la nulidad de todas las actuaciones.
3. El ministerio fiscal no ha ejercitado en la causa los fines de su participación en el caso: defender la legalidad, los derechos de los implicados y la adecuación a derecho del procedimiento.

A pesar de la absolución del Tribunal Supremo los implicados en el caso Naseiro fueron apartados de las labores de gestión en el Partido Popular, pero fue precisamente a partir de 1990, coincidiendo con el informe del Gallardón, cuando Luis Bárcenas comenzó a hacerse cargo directamente de la contabilidad del partido, aun estando oficialmente vacante entre 1990 y 1993 el puesto de Tesorero.

El informe de Ruiz Gallardón de mayo de 1990 solo sirvió para salvar la cara ante la opinión pública apartando a los imputados que luego fueron absueltos por el Supremo, pero también sirvió para poner al frente de la tesorería del partido a Alvaro Lapuerta y Luis Bárcenas.

Ni los tesoreros ni los gerentes del Partido Popular tienen poder alguno para hacer concesiones de obras civiles a las constructoras que daban donativos a la formación política. El Tesorero y su segundo, el gerente, son tan solo los recaudadores de las comisiones ilegales de las constructoras, llamadas cínicamente donaciones en el lenguaje oficial del partido.

Poner al Tesorero o al Gerente como el centro neurálgico de la trama de corrupción supone un evidente intento de engañar la mente desviando la atención pública sobre el verdadero y grave problema, la implicación del aparato del estado a través de los órganos de gobierno estatal, autonómico, o local, al servicio de intereses mafiosos.

Los recaudadores de las comisiones ilegales que las constructoras entregaban al partido para que las administraciones públicas por este controladas les hiciesen concesiones de obras civiles, obviamente debían obtener a su vez comisiones de las comisiones para mantener su silencio y su fidelidad a la trama mafiosa que el Partido Popular se ha encargado de institucionalizar. La tesorería del PP parece funcionar al margen de la dirección del partido..aunque esta anomalía sea plenamente aceptada por la cúpula dirigente.

El propio sueldo reconocido por Luis Bárcenas como trabajador del Partido Popular, 21.300 € brutos mensuales, podría no estar pagado al 100% por la empresa que legalmente le ha tenido contratado hasta el 31 de enero de 2013.

¿Por qué a pesar de la amenaza que el Caso Naseiro supuso para la imagen de transparencia del Partido Popular, que dejó en entredicho la legalidad de su financiación, no extirpó este partido el apéndice mafioso que se había inoculado en su gerencia de tesorería?..

Las constructoras han seguido desde entonces donando, en lenguaje cínico, generosas contribuciones al PP para que las administraciones públicas por este controladas les hiciesen concesiones de obras civiles. Este es el centro neurálgico de la trama de corrupción mafiosa que atenaza a las instituciones del estado, no se trata por tanto de un Gerente o un Tesorero que sea un chorizo o un pillo, como recientemente lo ha calificado Alberto Núñez Feijóo, Presidente de la Junta de Galicia, en un claro intento de trivializar la trama de corrupción mafiosa institucional ante la opinión pública.

Este intento de trivialización de la trama, en el que están empeñados dirigentes políticos del PP y algunos medios de comunicación, hace aún más grave la ocultación y la falta absoluta de transparencia ante la ciudadanía, suponiendo además una enorme burla hacia esta.

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