El útero de la mafia (IV)

Debacle de UCD e imperiosa necesidad de capitalización de AP

En 1982 la entonces Alianza Popular, presidida por Manuel Fraga Iribarne, se vio obligada a buscar grandes flujos de dinero que pudiesen sostener una estructura organizativa que prácticamente de la noche al día se preveía que pasase de la que le era propia a una pequeña formación política que solo contaba con nueve diputados en el Parlamento Español, a una gran formación política que se disponía sin tránsito alguno a pasar a ocupar el lugar de una de las dos grandes formaciones políticas en capacidad para alternarse en el poder.

Este necesario flujo de grandes cantidades de dinero solo podría lograrse apelando a quienes pueden realmente aportar ese dinero a cambio de contraprestaciones en forma de favores públicos.

La forma en que fue insertado un apéndice mafioso en el seno de AP, a través de su departamento de tesorería, habría seguido la siguiente secuencia..

El 20 de octubre de 1981 se celebraban las primeras elecciones autonómicas en Galicia, resultando de las mismas que Alianza Popular, la formación política antecesora del Partido Popular, que vencedora de las mismas, obteniendo 301.039 votos, lo que en porcentaje supuso un 30,52 %, y en diputados al parlamento autonómico 26 sobre un total de 71. Fernández Albor, máximo dirigente entonces de Alianza Popular en la comunidad autónoma, fue el primer Presidente de la Xunta de Galicia (1982-1987), siendo investido para el cargo el 22 de enero de 1982.

Prácticamente un año después, el 18 de febrero de 1983, la UCD, partido que habría obtenido 24 diputados autonómicos, se disolvía como formación política, pasando gran parte del poder político de esta formación al partido de Manuel Fraga Iribarne. Es precisamente en el año 1982 cuando Angel Sanchís, de la mano de Fraga Iribarne, comienza a hacerse cargo de la Tesorería de AP, futuro PP.

La formación antecesora del PP era ya desde 1982 una organización política con poder para hacer concesiones de obras públicas a constructoras, no solo por su control de la Xunta de Galicia desde enero de ese año, sino por el poder institucional que comenzó a heredar de la UCD a partir de la disolución de esta en febrero del año siguiente.

Este poder recién adquirido por la formación de Fraga Iribarne fue la causa de que Angel Sanchís accediese a la tesorería de la formación política antecesora del Partido Popular. Fraga lo introdujo, a sabiendas de lo que Sanchís representaba, para forzar la capitalización que su partido necesitaba ante el brusco ascenso al que en pocos meses se vio abocado ante la realidad del desmoronamiento de la UCD que en todas las encuestas y en el clima social imperante en la época entonces ya se vislumbraba.

El Tesorero de Alianza Popular designado por Fraga Iribarne en 1982 tenía la finalidad de controlar las entradas de comisiones que a partir de ese momento llegarían de parte de las constructoras. Fue así como la tesorería de AP se insertó en ella como un apéndice de los intereses mafiosos de las constructoras.

La fuerte necesidad de capitalización que en 1982 experimentó esta formación política a consecuencia del enorme crecimiento electoral que la caracterizó debido al derrumbe de la UCD, y que la impelía a adecuar su estructura a la de un gran partido con posibilidades reales de alcanzar el gobierno del estado y de muchas administraciones autonómicas y municipales, hizo que Manuel Fraga la pusiese en manos de los intereses corruptos de las constructoras.

Cuando este partido se refundó en el Partido Popular en 1989, heredó el apéndice mafioso que representaba su departamento de tesorería, ya con fuertes ligazones con las constructoras. La ambición personal de los dirigentes del partido y de los líderes autonómicos y locales de este impidieron la extirpación del tumor en 1990, tras el afloramiento del Caso Naseiro.

Los pagos de comisiones ilegales a miembros de la cúpula del PP no constituyen más que una derivación de este entramado corrupto sistémico e institucionalizado por este partido. Estos pagos fueron la garantía para las constructoras de que la tesorería del Partido Popular no sería depurada desde la raíz aprovechando el reseñado asunto judicial.

Las constructoras no estaban dispuestas..ni lo están en el presente..a perder los inmensos beneficios que le reportan el controlar la tesorería del Partido Popular. La mafia entró para quedarse. No nos engañemos, el sistema solo espera que capeé el temporal haciendo que todo no parezca más que un asunto de chorizos y pillos. Mientras tanto sigue operando como siempre lo ha hecho.

Nuestra democracia no es más que un pelele en manos de los poderes corruptos..

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