Fraga entregó el departamento de tesorería de AP al crimen organizado

Este es el tipo de país que tenemos, donde el crimen organizado a secuestrado las instituciones no solo infectando a todos los partidos políticos, sino en el caso del Partido Popular controlando directamente su departamento de tesorería

¿Es la tesorería del PP una correa de conexión con la mafia?
¿Es la tesorería del PP una correa de conexión con la mafia?

Ya escribí al respecto de este asunto a comienzos de marzo de 2013 un artículo que titulé “El útero de la mafia”. Pongo el enlace de Rebelión porque en esta publicación publiqué el artículo de una sola pieza, mientras que en otras lo hice dividido en cuatro partes. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=165030

Terminaba yo este artículo con la frase “Nuestra democracia no es más que un pelele en manos de los poderes corruptos”.

Incido ahora en el mismo tema, para profundizar en la idea de que la corrupción que atenaza nuestro país no es algo que implica a unos cuantos sinvergüenzas que actúan aisladamente aprovechándose de sus puestos en los partidos políticos, sino que el asunto es tan grave que implica una institucionalización de la corrupción a través del control directo por parte del crimen organizado de quien tiene poder para legislar, es decir, que las leyes se elaboran con la intención de favorecer su uso para implementar la corrupción económica bajo el amparo de la actividad política.

Angel Sanchís fue Tesorero de la formación antecesora del Partido Popular entre 1982 y 1987, Rosendo Naseiro fue Tesorero del partido de 1987 a 1990, desde 1990 hasta 1993 el cargo de Tesorero del PP se mantuvo vacante a causa de la investigación judicial sobre el Caso Naseiro, de 1993 a 2008 el puesto de Tesorero pasó a ser ocupado por Alvaro Lapuerta, y cuando este se jubiló en 2008 pasó el testigo de la responsabilidad de Tesorero a Luis Bárcenas.

Fue durante el V Congreso de Alianza Popular celebrado entre el 20 y el 21 de febrero de 1982 cuando Manuel Fraga decidió dar cumplimiento al pacto que previamente había formalizado con el crimen organizado, que consistía en entregar el departamento de tesorería de Alianza Popular al control de la mafia a cambio de recibir ingente financiación procedente del narcotráfico y de empresarios del sector de la construcción.

El crimen organizado quería garantizarse que sus aportaciones financieras a Alianza Popular a cambio de compensaciones en forma de concesiones urbanísticas se canalizasen por un medio que ellos pudiesen controlar directamente.

Manuel Fraga cedió a esta demanda del crimen organizado porque necesitaba capitalizar fuertemente a Alianza Popular ante todos los indicios que apuntaban a un muy próximo desmoronamiento electoral de la UCD y un enorme trasvase de votos de esta formación política a la suya. La primera decisión práctica en cumplimiento de este pacto fue la incorporación de Angel Sanchís como Tesorero de su formación política, en realidad nombrado como tal por el crimen organizado. Los tres siguientes tesoreros de AP y de su formación sucesora el Partido Popular siguieron la misma premisa de contar con el aval previo del crimen organizado para su nombramiento para tal cargo.

El crimen organizado vio su primera oportunidad de negocio con la Alianza Popular de Manuel Fraga a raíz de las elecciones autonómicas gallegas celebradas el 20 de octubre de 1981, cuando a consecuencia de la victoria electoral de AP en las mismas ya comenzaba a vislumbrarse la próxima bancarrota de la UCD y el ascenso a posiciones de gobierno de AP.

Entre esta victoria electoral de AP en las elecciones autonómicas gallegas y la celebración del V Congreso de AP, solo transcurrieron cuatro meses, período durante el cual se gestó el pacto entre Manuel Fraga y el crimen organizado..

El culmen de este pacto entre populares y crimen organizado se produjo con la llegada del Partido Popular al gobierno con José María Aznar, cuando se aprueba la ley 6/1998, mediante la que se introdujo una modificación en la anterior legislación sobre el suelo considerado no urbanizable, privándolo de su carácter excepcional al exigir que para que un suelo conservase esta clasificación legal en municipios con planteamiento urbanístico general debiese contar con una clasificación expresa al respecto por parte del ayuntamiento correspondiente.

Este es el tipo de país que tenemos, donde el crimen organizado a secuestrado las instituciones no solo infectando a todos los partidos políticos, sino en el caso del Partido Popular controlando directamente su departamento de tesorería.

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