Sugerencia de ley para combatir la corrupción política

Esta ley debiera permitir la intervención de dichos Departamentos de Tesorería por una Intervención General del Estado, conformada y facultada para tal fin por los mecanismos democráticos pertinentes, en casos de corrupción institucionalizada, nombrándose al respecto un equipo de gestores públicos

eticalegal

Lo expondré en pocas palabras:

Al igual que la existencia de agujeros patrimoniales cuantiosos en las entidades de crédito permite que en aplicación de la “Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito” se intervenga por parte del Banco de España a las entidades de crédito que se encuentran en esta situación, un gobierno de Podemos puede implementar una “Ley de Disciplina e Intervención de los Departamentos de Tesorería de los Partidos Políticos, Sindicatos y Asociaciones Empresariales”..

Esta ley debiera permitir la intervención de dichos Departamentos de Tesorería por parte de una Intervención General del Estado, conformada y facultada para tal fin por los mecanismos democráticos pertinentes, en casos de corrupción institucionalizada, nombrándose al respecto un equipo de gestores públicos que se harían responsables del control de las finanzas de las organizaciones políticas, sindicales o empresariales implicadas en dinámicas de corrupción de esta naturaleza.

El tiempo máximo en que los gestores públicos deben hacerse cargo de estos Departamentos de Tesorería se limitaría por ley.

La disolución de los partidos políticos, sindicatos o asociaciones empresariales implicados en casos de corrupción institucionalizada puede dañar el principio de libre elección de los ciudadanos y ciudadanas, pero las intervención legal mediante el nombramiento de gestores públicos por un período determinado solo de los Departamentos de Tesorería de estas organizaciones sería una garantía para recuperar la transparencia de los partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales envilecidas por la corrupción institucionalizada, sin que con ello se dañase el derecho a la libertad de elección de los ciudadanos y ciudadanas.

Así, si queremos seguir votando a estas organizaciones envilecidas por la corrupción institucionalizada podemos hacerlo, pero sin que ello se convierta como hasta ahora en un aval ciudadano para que continúe la corrupción económica institucionalizada amparada en la actividad política.

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