Vergonzosa pasividad ante un latrocinio de Estado en el Ministerio de Justicia

Es un tema muy grave sobre el que los medios de comunicación y las fuerzas políticas están pasando de puntillas, un robo a la ciudadanía que afecta de pleno a todo el sistema judicial español por su complicidad necesaria en dicho latrocinio que adquiere la característica de ser “de Estado”..

El Ministro de Justicia, Rafel Catalá, ha reconocido en sede parlamentaria el pasado 12 de febrero de 2015 que desconoce dónde están los más de 512 millones de euros recaudados por tasas judiciales desde diciembre de 2012. http://www.europapress.es/nacional/noticia-justicia-reconoce-no-sabe-donde-ido-parar-500-millones-recaudados-tasas-judiciales-20150212202647.html. Pero unos días más tarde dijo en la Cadena Cope que el dinero ha ido a parar a un fondo genérico de la Hacienda Pública destinado a“sanidad, carreteras y gasto social”, porque ese dinero recaudado por las tasas judiciales no es finalista, según el Ministro, o sea, no se debe destinar a una finalidad concreta previamente estipulado por ley. http://www.expansion.com/2015/02/18/juridico/1424282188.html.

El dinero está desaparecido..lo del fondo genérico en Hacienda que alegó el ministro durante su entrevista en la COPE es la excusa para no tener que justificar dónde está ese dinero, que si tenía que haber sido destinado a fines finalistas tal como establece la ley. El tener las tasas un carácter finalista según la legislación vigente:

Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

PREÁMBULO

I

Con esta asunción por los ciudadanos que recurren a los tribunales de parte del coste que ello implica se pretende racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional, al mismo tiempo que la tasa aportará unos mayores recursos que permitirán una mejora en la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita, dentro del régimen general establecido en el artículo 27 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Lo contenido en este Preámbulo implica que la recaudación en base a esas tasas judiciales deben tener un destino afecto a la financiar actuaciones concernientes al marco del sistema de juzgados donde estas tazas son recaudadas..

Esos más de 512 millones de euros recaudados por tasas judiciales deben de estar bajo la supervisión del Ministerio de Justicia que los debe de destinar a los propósitos finalistas recogidos en el preámbulo de esta ley, una mejora en la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita..

¿Vamos a permanecer impasibles ante un latrocinio de Estado que afecta a la institución judicial, la única que ya nos quedaba para confiar en que se podía regenerar la vida política y económica de nuestro país?..