Propuesta para implementar el derecho de autodeterminación

Y el Oráculo de Apolo en Delfos le dijo: “Creso, si cruzas el río Halys, destruirás un gran imperio”

¿Se atreverán a cruzar el Halys con determinación democrática o seguirán con el engaño del ilusionismo político?

¿De verdad están dispuestos los independentistas a aceptar el reto democrático de la autodeterminación bajo los principios plasmados en esta propuesta?

Así como ahora proponen PNV y Bildu, debe diferenciarse entre dos conceptos jurídicos, ciudadanía y nacionalidad, como ya publiqué en 2015 https://joseangelh.wordpress.com/2015/12/17/propuesta-para-una-nueva-forma-juridica-del-senado-con-44-miembros/

Pero esto no es suficiente, y tal como lo están diseñando los partidos territoriales vascos tiende a la confusión esa diferenciación al interpretarse como una diferenciación de derechos entre la ciudadanía y la nacionalidad.

Tres puntos es importante aclarar al respecto:

1º La ciudadanía es un concepto jurídico que atañe a la persona como individuo, mientras que la nacionalidad es un concepto jurídico que atañe al territorio en el que se desenvuelve la ciudadanía que en el habita; es decir, los vascos y las vascas, en este caso que nos concierne, conforman individualmente la ciudadanía, española en el contexto actual, y colectivamente conforman la nacionalidad vasca, no hay por tanto duplicidad de derechos entre ciudadanía y nacionalidad porque ambos ámbitos conceptuales abarcan planos jurídicos diferentes, la primera el individual como persona y la segunda el colectivo como pueblo.

2º La autodeterminación debe asentarse sobre un principio ampliamente reconocido en el ámbito previo parlamentario; debe ser aprobado su sometimiento a referéndum por dos tercios del parlamente territorial, mayoría cualificada reconocida regional, estatal e internacionalmente para aprobar medidas de especial trascendencia política. Y su posterior aprobación en referéndum debe ser avalada por un 51% del censo electoral del territorio de la nacionalidad que proceda, por lo tanto sin tener en cuenta porcentaje de participación ni porcentaje de votos favorables a ejercer la autodeterminación sobre el número de votantes.

3º Este principio de los dos tercios del parlamento territorial y del 51% de votos afirmativos sobre el total del censo electoral de la ciudadanía de ese territorio debe estar recogido en la constitución federal o confederal, de tal forma que quede consagrado como norma suprema contractual entre la ciudadanía y las nacionalidades del estado.

¿Estarían dispuestas las fuerzas territoriales nacionalistas e independentistas a firmar estos principios indiscutiblemente democráticos para consagrar el asentamiento de una jurisprudencia internacional a favor del derecho de autodeterminación?…

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