Fraga entregó el departamento de tesorería de AP al crimen organizado

Este es el tipo de país que tenemos, donde el crimen organizado a secuestrado las instituciones no solo infectando a todos los partidos políticos, sino en el caso del Partido Popular controlando directamente su departamento de tesorería

¿Es la tesorería del PP una correa de conexión con la mafia?
¿Es la tesorería del PP una correa de conexión con la mafia?

Ya escribí al respecto de este asunto a comienzos de marzo de 2013 un artículo que titulé “El útero de la mafia”. Pongo el enlace de Rebelión porque en esta publicación publiqué el artículo de una sola pieza, mientras que en otras lo hice dividido en cuatro partes. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=165030

Terminaba yo este artículo con la frase “Nuestra democracia no es más que un pelele en manos de los poderes corruptos”.

Incido ahora en el mismo tema, para profundizar en la idea de que la corrupción que atenaza nuestro país no es algo que implica a unos cuantos sinvergüenzas que actúan aisladamente aprovechándose de sus puestos en los partidos políticos, sino que el asunto es tan grave que implica una institucionalización de la corrupción a través del control directo por parte del crimen organizado de quien tiene poder para legislar, es decir, que las leyes se elaboran con la intención de favorecer su uso para implementar la corrupción económica bajo el amparo de la actividad política.

Angel Sanchís fue Tesorero de la formación antecesora del Partido Popular entre 1982 y 1987, Rosendo Naseiro fue Tesorero del partido de 1987 a 1990, desde 1990 hasta 1993 el cargo de Tesorero del PP se mantuvo vacante a causa de la investigación judicial sobre el Caso Naseiro, de 1993 a 2008 el puesto de Tesorero pasó a ser ocupado por Alvaro Lapuerta, y cuando este se jubiló en 2008 pasó el testigo de la responsabilidad de Tesorero a Luis Bárcenas.

Fue durante el V Congreso de Alianza Popular celebrado entre el 20 y el 21 de febrero de 1982 cuando Manuel Fraga decidió dar cumplimiento al pacto que previamente había formalizado con el crimen organizado, que consistía en entregar el departamento de tesorería de Alianza Popular al control de la mafia a cambio de recibir ingente financiación procedente del narcotráfico y de empresarios del sector de la construcción.

El crimen organizado quería garantizarse que sus aportaciones financieras a Alianza Popular a cambio de compensaciones en forma de concesiones urbanísticas se canalizasen por un medio que ellos pudiesen controlar directamente.

Manuel Fraga cedió a esta demanda del crimen organizado porque necesitaba capitalizar fuertemente a Alianza Popular ante todos los indicios que apuntaban a un muy próximo desmoronamiento electoral de la UCD y un enorme trasvase de votos de esta formación política a la suya. La primera decisión práctica en cumplimiento de este pacto fue la incorporación de Angel Sanchís como Tesorero de su formación política, en realidad nombrado como tal por el crimen organizado. Los tres siguientes tesoreros de AP y de su formación sucesora el Partido Popular siguieron la misma premisa de contar con el aval previo del crimen organizado para su nombramiento para tal cargo.

El crimen organizado vio su primera oportunidad de negocio con la Alianza Popular de Manuel Fraga a raíz de las elecciones autonómicas gallegas celebradas el 20 de octubre de 1981, cuando a consecuencia de la victoria electoral de AP en las mismas ya comenzaba a vislumbrarse la próxima bancarrota de la UCD y el ascenso a posiciones de gobierno de AP.

Entre esta victoria electoral de AP en las elecciones autonómicas gallegas y la celebración del V Congreso de AP, solo transcurrieron cuatro meses, período durante el cual se gestó el pacto entre Manuel Fraga y el crimen organizado..

El culmen de este pacto entre populares y crimen organizado se produjo con la llegada del Partido Popular al gobierno con José María Aznar, cuando se aprueba la ley 6/1998, mediante la que se introdujo una modificación en la anterior legislación sobre el suelo considerado no urbanizable, privándolo de su carácter excepcional al exigir que para que un suelo conservase esta clasificación legal en municipios con planteamiento urbanístico general debiese contar con una clasificación expresa al respecto por parte del ayuntamiento correspondiente.

Este es el tipo de país que tenemos, donde el crimen organizado a secuestrado las instituciones no solo infectando a todos los partidos políticos, sino en el caso del Partido Popular controlando directamente su departamento de tesorería.

El útero de la mafia (II)

La sobredimensión del Tesorero

El llamado Caso Naseiro comienza a incoarse hacia diciembre de 1989, cuando el juez Luis Manglano autoriza escuchas telefónicas para investigar un presunto delito de tráfico de drogas. De estas grabaciones que recogen conversaciones entre diciembre de 1989 y abril de 1990 entre Salvador Palop Martínez, ex concejal del Partido Popular por Valencia ya fallecido en 2008, y varios miembros del Partido Popular, se destapa sin pretenderlo un presunto asunto de financiación ilegal del PP.

Es a raíz de estas conversaciones telefónicas que resultan imputados el Tesorero que ocupaba el cargo en ese momento, Rosendo Naseiro (1987-1990), y su antecesor en el puesto, Angel Sanchís (1982-1987). Pero el Tribunal Supremo anula en 1992 la carga probatoria de dichas escuchas telefónicas.

Las pruebas obtenidas en las conversaciones telefónicas que imputaban a los afectados un presunto delito de financiación ilegal fueron sobrevenidas, no relacionadas por tanto con la causa que motivo la autorización de las mismas, que estaba relacionada con indicios de actividades de narcotráfico. En ello se basó el Tribunal Supremo para estimar que los derechos de los imputados habían sido conculcados.

Al ser anulada la prueba de cargo, el Tribunal Supremo pudo justificar jurídicamente la absolución de los imputados en el Caso Naseiro en julio de 1992. Si no hay prueba de cargo no hay acusación posible, y si no hay acusación no cabe sino la absolución. Una perfecta artimaña jurídica que permitió la continuidad de la trama de financiación ilegal a través de la tesorería del partido.

En mayo de 1990 Ruíz Gallardón elaboró un informe sobre el Caso Naseiro que acabó exculpando de toda responsabilidad a los máximos dirigentes de su partido, y cuyas principales conclusiones fueron:

1. La Policía judicial ha actuado al margen del derecho por razones no declaradas, pero ajurídicas, que exigen una investigación parlamentaria para aclarar la responsabilidad del Ministerio del Interior y la personal de los funcionarios implicados.
2. El juez Manglano ha actuado con exclusión del respeto debido a las normas sobre competencia judicial y con violación -presunta, pero más que razonable- de derechos fundamentales amparados por la Constitución, lo cual puede determinar la nulidad de todas las actuaciones.
3. El ministerio fiscal no ha ejercitado en la causa los fines de su participación en el caso: defender la legalidad, los derechos de los implicados y la adecuación a derecho del procedimiento.

A pesar de la absolución del Tribunal Supremo los implicados en el caso Naseiro fueron apartados de las labores de gestión en el Partido Popular, pero fue precisamente a partir de 1990, coincidiendo con el informe del Gallardón, cuando Luis Bárcenas comenzó a hacerse cargo directamente de la contabilidad del partido, aun estando oficialmente vacante entre 1990 y 1993 el puesto de Tesorero.

El informe de Ruiz Gallardón de mayo de 1990 solo sirvió para salvar la cara ante la opinión pública apartando a los imputados que luego fueron absueltos por el Supremo, pero también sirvió para poner al frente de la tesorería del partido a Alvaro Lapuerta y Luis Bárcenas.

Ni los tesoreros ni los gerentes del Partido Popular tienen poder alguno para hacer concesiones de obras civiles a las constructoras que daban donativos a la formación política. El Tesorero y su segundo, el gerente, son tan solo los recaudadores de las comisiones ilegales de las constructoras, llamadas cínicamente donaciones en el lenguaje oficial del partido.

Poner al Tesorero o al Gerente como el centro neurálgico de la trama de corrupción supone un evidente intento de engañar la mente desviando la atención pública sobre el verdadero y grave problema, la implicación del aparato del estado a través de los órganos de gobierno estatal, autonómico, o local, al servicio de intereses mafiosos.

Los recaudadores de las comisiones ilegales que las constructoras entregaban al partido para que las administraciones públicas por este controladas les hiciesen concesiones de obras civiles, obviamente debían obtener a su vez comisiones de las comisiones para mantener su silencio y su fidelidad a la trama mafiosa que el Partido Popular se ha encargado de institucionalizar. La tesorería del PP parece funcionar al margen de la dirección del partido..aunque esta anomalía sea plenamente aceptada por la cúpula dirigente.

El propio sueldo reconocido por Luis Bárcenas como trabajador del Partido Popular, 21.300 € brutos mensuales, podría no estar pagado al 100% por la empresa que legalmente le ha tenido contratado hasta el 31 de enero de 2013.

¿Por qué a pesar de la amenaza que el Caso Naseiro supuso para la imagen de transparencia del Partido Popular, que dejó en entredicho la legalidad de su financiación, no extirpó este partido el apéndice mafioso que se había inoculado en su gerencia de tesorería?..

Las constructoras han seguido desde entonces donando, en lenguaje cínico, generosas contribuciones al PP para que las administraciones públicas por este controladas les hiciesen concesiones de obras civiles. Este es el centro neurálgico de la trama de corrupción mafiosa que atenaza a las instituciones del estado, no se trata por tanto de un Gerente o un Tesorero que sea un chorizo o un pillo, como recientemente lo ha calificado Alberto Núñez Feijóo, Presidente de la Junta de Galicia, en un claro intento de trivializar la trama de corrupción mafiosa institucional ante la opinión pública.

Este intento de trivialización de la trama, en el que están empeñados dirigentes políticos del PP y algunos medios de comunicación, hace aún más grave la ocultación y la falta absoluta de transparencia ante la ciudadanía, suponiendo además una enorme burla hacia esta.