¿Qué razón verdadera guía al PNV a querer derogar la Prisión Permanente Revisable?

¿Hay justicia y proporcionalidad en la prisión permanente revisable?

La portavoz de Podemos en el Congreso propone un referéndum sobre la Prisión Permanente Revisable con carácter vinculante, así como sobre otros asuntos como si las pensiones deben o no revisarse atendiendo al i.p.c.: https://www.eldiario.es/politica/Podemos-permanente-revisable-referendum-espanoles_0_749625728.html

Ello en el contexto de la petición del PNV de someter al Congreso la derogación de la reforma del Código Penal que implementó en 2015 la Prisión Permanente Revisable. Lo primero que procedería sería preguntar al PNV cuales son los delitos de los considerados en esta reforma del Código Penal sobre los que considera que no debería imponerse la Prisión Permanente Revisable, y a continuación cabría preguntarse cual es la razón para considerar que la Prisión Permanente Revisable no debe ser aplicable a los condenados por esos delitos.

El Código Penal recoge los supuestos penales en los que procedería la Prisión Permanente Revisable, aplicables al asesinato de:

  1. Menores de 16 años
  2. Víctimas de violación
  3. Personas vulnerables por razón de edad, enfermedad o discapacidad
  4. Personas víctimas de organizaciones criminales
  5. Tres o más personas
  6. El Jefe de Estado, su cónyuge o el heredero de la corona
  7. El Jefe de un estado extranjero o persona protegida por tratado internacional
  8. Miembro de una comunidad sometida a genocidio
  9. Miembro de colectivo perseguido por razón política, racial, nacional, étnica, cultural, religiosa, de género, discapacidad u otro motivo universalmente reconocido como inaceptables con arreglo al derecho internacional.

La Exposición de Motivos de la LO 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal, mediante la que se introduce la Prisión Permanente Revisable establece lo siguiente en relación a la posibilidad de reinserción social recogida en la Constitución:

PREÁMBULO

II

…tras el cumplimiento íntegro de una parte relevante de la condena, cuya duración depende de la cantidad de delitos cometidos y de su naturaleza, acreditada la reinserción del penado, éste puede obtener una libertad condicionada al cumplimiento de ciertas exigencias, en particular, la no comisión de nuevos hechos delictivos. La prisión permanente revisable, cuya regulación se anuncia, de ningún modo renuncia a la reinserción del penado: una vez cumplida una parte mínima de la condena, un tribunal colegiado deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal. La previsión de esta revisión judicial periódica de la situación personal del penado, idónea para poder verificar en cada caso el necesario pronóstico favorable de reinserción social, aleja toda duda de inhumanidad de esta pena, al garantizar un horizonte de libertad para el condenado.

En la prisión permanente revisable, cumplida esa primera parte mínima de la pena, si el tribunal considera que no concurren los requisitos necesarios para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de su situación; y si, por el contrario, el tribunal valora que cumple los requisitos necesarios para quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de control orientadas tanto a garantizar la seguridad de la sociedad, como a asistir al penado en esta fase final de su reinserción social.

La pena de prisión permanente revisable no constituye, por ello, una suerte de «pena definitiva» en la que el Estado se desentiende del penado. Al contrario, se trata de una institución que compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad, con la finalidad de reeducación a la que debe ser orientada la ejecución de las penas de prisión. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3439

El Código Penal: https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-25444-consolidado.pdf

LIBRO II

Delitos y sus penas

TÍTULO I

Del homicidio y sus formas

Artículo 140

1. El asesinato será castigado con pena de prisión permanente revisable cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  • 1.ª Que la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad.
  • 2.ª Que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima.
  • 3.ª Que el delito se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo u organización criminal.

2. Al reo de asesinato que hubiera sido condenado por la muerte de más de dos personas se le impondrá una pena de prisión permanente revisable.

CAPÍTULO II

Delitos contra la Corona

Artículo 485

1. El que matare al Rey o a la Reina o al Príncipe o a la Princesa de Asturias será castigado con la pena de prisión permanente revisable.

TÍTULO XXIV

Delitos contra la Comunidad Internacional

CAPÍTULO I

Delitos contra el Derecho de gentes

Artículo 605

1. El que matare al Jefe de un Estado extranjero, o a otra persona internacionalmente protegida por un Tratado, que se halle en España, será castigado con la pena de prisión permanente revisable.

CAPÍTULO II

Delitos de genocidio

Artículo 607

1. Los que, con propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o determinado por la discapacidad de sus integrantes, perpetraren alguno de los actos siguientes, serán castigados:

  • 1.º Con la pena de prisión permanente revisable, si mataran a alguno de sus miembros.
  • 2.º Con la pena de prisión permanente revisable, si agredieran sexualmente a alguno de sus miembros o produjeran alguna de las lesiones previstas en el artículo 149.

CAPÍTULO II BIS

De los delitos de lesa humanidad

Artículo 607 bis

1. Son reos de delitos de lesa humanidad quienes cometan los hechos previstos en el apartado siguiente como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella. En todo caso, se considerará delito de lesa humanidad la comisión de tales hechos:

  • 1.º Por razón de pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, discapacidad u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional.
  • 2.º En el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen.

2. Los reos de delitos de lesa humanidad serán castigados:

  • 1.º Con la pena de prisión permanente revisable si causaran la muerte de alguna persona.

El debate no es si la Prisión Permanente Revisable evitaría que se cometiesen los delitos a los que legalmente se aplicaría esa pena, sino si es justo, proporcionado y acorde a los derechos humanos que a ese tipo de delitos se aplique una pena como la Prisión Permanente Revisable.

El argumento de que la PPR no evitaría los delitos para los que está prescrita es absurdo, pues tampoco los evitaría una pena de privación de libertad de 20, 30 o 40 años, y con ese razonamiento no deberíamos de aplicar entones ninguna pena de privación de libertad para las personas que cometen esos delitos que recuerdo son el asesinato de:

  1. Menores de 16 años
  2. Víctimas de violación
  3. Personas vulnerables por razón de edad, enfermedad o discapacidad
  4. Personas víctimas de organizaciones criminales 
  5. Tres personas o más
  6. El Jefe de Estado, su cónyuge o el heredero de la corona
  7. El Jefe de un estado extranjero o persona protegida por tratado internacional
  8. Miembro de una comunidad sometida a genocidio
  9. Miembro de colectivo perseguido por razón política, racial, nacional, étnica, cultural, religiosa, de género, discapacidad u otro motivo universalmente reconocido como inaceptables con arreglo al derecho internacional.

¿Cual es entonces la razón verdadera para oponerse a la PPR que el PNV y los defensores de la derogación ocultan?. Deben de exponer sus verdaderas razones para someterlas al escrutinio de la opinión pública, y no esconderse tras el  inconsistente y no creíble  argumento de que con la PPR “no se evitaría que se cometiesen los delitos penados con ella”. Yo no me creo ese argumento…y estoy seguro de que nadie que razone sobre ello se lo crea tampoco…

Si el argumento del PNV es que la PPR va contra los derechos humanos, ¿que derechos humanos de los condenados por los delitos mencionados se vulneran en base a la Declaración Universal de los Derechos Humanos?. Que el PNV los concrete entonces, si considera que esto es así, para que sus concreciones en relación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos supuestamente vulnerada pueda ser sometida al escrutinio de la opinión pública. O tal vez considere el PNV que con la PPR se vulnera la Constitución.

Que el PNV concrete su razón para pedir la derogación de la PPR con un argumento sincero y creíble, y no escatimemos el verdadero debate sobre este asunto; ¿hay justicia y proporcionalidad en la aplicación de la Prisión Permanente Revisable para delitos de la naturaleza de los mencionados en la revisión del Código Penal de 2015?,  ¿la hay solo para algunos de ellos pero no para  otros?, ¿ o no la hay para ninguna e las tipificaciones delictivas mencionadas?…

 

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Referéndum para el Pueblo Catalán y no solo para Cataluña

Nacioncatalana

Como Pueblo Catalán o Nación Catalana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 otorga a este en su artículo 1.1 la condición de sujeto jurídico que en base al derecho internacional  es susceptible como pueblo de ejercer el derecho de libre determinación.

Dentro del Estado Español es el Pueblo Catalán o Nación Catalana la que tiene la condición de sujeto político y jurídico soberano para ejercer en el marco del derecho internacional el ejercicio democrático de la autodeterminación, y ese Pueblo Catalán o Nación Catalana tiene su fundamento histórico-jurídico en la antigua Corona de Aragón que es reconocida por la misma Generalitat como la Nación Catalana independiente. Y es en los decretos de Nueva Planta emitidos por Felipe V a comienzos del siglo XVIII de donde bebe el independentismo catalán para reclamar unos derechos históricos arrebatados a la Nación Catalana que dentro de aquella Corona de Aragón hoy se correspondería con las actuales comunidades autónomas de País Valenciano, Cataluña y Baleares.

Es decir, que el Pueblo Catalán o Nación Catalana que es sujeto político y jurídico soberano dentro del Estado Español legitimado para ejercer el derecho de autodeterminación abarcaría las poblaciones de Baleares, País Valenciano y Cataluña, no así las de Aragón que solo cuenta con una pequeña comunidad española catalanoparlante en La Franja, ni la de Murcia que solo cuenta con algunas comunidades muy pequeñas de españoles catalanoparlantes en El Carche.

No obstante podría ser una opción que además de País Valenciano, Baleares y Cataluña, tuviesen también las comunidades de Aragón y Murcia el derecho de votar en un referéndum de autodeterminación sobre el Pueblo Catalán o Nación Catalana, aunque esto no sería acorde al derecho internacional al ser estas dos últimas comunidades solo dos territorios de la Nación Española que albergan en su interior pequeñas comunidades de catalanoparlantes.

Un referéndum de autodeterminación dentro del Estado Español para el Pueblo Catalán o Nación Catalana debe contar con el derecho a votar de la totalidad de esa nación, o sea, que deben votar también los ciudadanos y ciudadanas de Balearse y País Valenciano, y no solo los de Cataluña que por si sola no es sujeto político y jurídico al ser solo una división administrativa de las tres en las que el Pueblo Catalán o Nación Catalana se encuentra dividida dentro de las divisiones político-administrativas del Estado Español.

Dentro de un Estado el pueblo que tiene potestad legal para votar en un libre ejercicio de autodeterminación es el todo de ese pueblo en base a criterios del derecho internacional..no únicamente una parte territorial que solo supone una división administrativa de ese pueblo o nación..

El derecho a decidir del Pueblo Catalán para constituirse o no en República Catalana debe ser solicitado mayoritariamente por los parlamentos de Cataluña, País Valenciano y Baleares, o de manera más extensa también por los de Aragón y Murcia si se pretende incluir en ese Pueblo Catalán o Nación Catalana a las poblaciones catalanoparlantes de La Franja y El Carche respectivamente, y a continuación ser esa cuestión sometida a referéndum ciudadano en esas comunidades autónomas para que ese derecho de autodeterminación se ajuste al derecho internacional reconocido para “los pueblos”..no para las distintas divisiones administrativas que dentro de un Estado pueda tener ese pueblo o nación..

Propuesta de solución al problema catalán

Si desde los partidos españolistas contrarios a que los catalanes celebren su referéndum se justifica esa oposición a que deben votar todos los españoles, la solución la tenemos delante: que votemos todos en todo el Estado en un referéndum legal y pactado.. en la práctica solo el resultado obtenido en Cataluña sería tenido en cuenta al ser consultivo el referéndum, y así sabríamos lo que de verdad quieren los catalanes y las catalanas con respecto a la situación jurídica de Cataluña y España. Los independentistas catalanes ya podrían entonces defender una independencia democrática si realmente sacan más del 50% de los votos..

Referéndum en Cataluña, no una pregunta sino tres opciones

Elegir la forma político-jurídica de un territorio es un derecho democrático
Elegir la forma político-jurídica de un territorio es un derecho democrático

Hay tres opciones que se están planeando desde la sociedad civil catalana y española, una sería la opción de constituirla en un Estado política y jurídicamente independiente en el concierto internacional de las naciones, otra la de otorgarle un estatus de Estado Federal dentro de un reconstituido Estado federal español, y la última la de que continúe como Comunidad Autónoma dentro del Estado español respetando el marco legal actual.

Teniendo estas posibilidades en cuenta, se le puede dar al elector la posibilidad de elegir entre tres opciones y estructurar por tanto la papeleta de votación de la manera siguiente:

________________________________________________________________________________

  • Propuesta 1– Estoy de acuerdo en que el ámbito territorial catalán reconocido como tal en el Artículo 9 del vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña se constituya en estado propio política y jurídicamente, independizándose de este modo del Estado español del que forma parte en la actualidad. Marcar 
  • Propuesta 2 – Estoy de acuerdo en que el ámbito territorial catalán reconocido como tal en el Artículo 9 del vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña se constituya en Estado federado política y jurídicamente dentro de un Estado federal español. Marcar
  • Propuesta 3– Estoy de acuerdo en que el ámbito territorial catalán reconocido como tal en el Artículo 9 del vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña continúe como una Comunidad Autónoma respetando el marco político y jurídico actual dentro del Estado español. Marcar 

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Si ninguna de las opciones llegase a sumar el 50% de los sufragios emitidos se tomarían las dos que más votos hubiesen obtenido, y en una segunda votación a la semana siguiente se decidiría cual de entre ambas habría de ser validada por voto popular mayoritario, a fin de ser implementada como opción democráticamente legítima.

Como articular la capacidad legislativa y ejecutiva de las asambleas ad hoc

 

Esta capacidad de las asambleas ad hoc para legislar y ejecutar leyes, está condicionada a que previamente a la votación de una medida que se pretende elevar a la condición de Propuesta, esta contase con un informe jurídico que se encargaría de avalar que su aplicación efectiva fuese viable

Democracia asamblearia viable
Democracia asamblearia viable

La democracia directa requiere de organizaciones ciudadanas que la sustenten, y la premisa básica de esta democracia directa está fundamentada en el empoderamiento de los ciudadanos que se sustancia en las dinámicas asamblearias implementadas en el nivel local.

El espacio limitado por el barrio, el distrito, o el municipio, es entonces en el que se implementan las dinámicas asamblearias de participación abierta a toda la ciudadanía, hecho que implica que el ámbito local debe quedar exento de contar con dirección política permanente constituida por representantes en los que los ciudadanos han delegado su capacidad de empoderamiento.

Una dinámica de democracia directa y participativa debe conllevar el abandono del principio de delegación de la voluntad ciudadana como norma, pero no como complemento, de tal modo que la organización política se articula en dos niveles claramente diferenciados:

  • 1.- El primer nivel es el local, e implica al barrio, al distrito, la aldea, al pueblo, la comuna, la tribu local, o la ciudad, y es en el cual la dirección política responsable de la toma de decisiones es asamblearia, es decir, parte de las dinámicas de participación ciudadana directa en las asambleas ad hoc.
  • 2.- El segundo nivel es el supralocal, e implica la región, la nación, el Estado, la tribu-nación, o las organizaciones internacionales, donde la dirección política se delegada en representantes de la ciudadanía.

Al residir la dirección política de nivel local en la dinámica de las asambleas ad hoc es móvil y sin estructura fija, lo que implica que esta aparece y desaparece según lo requieran las circunstancias del momento. Es de resaltar que al implementar la dirección política de nivel local en la exclusiva dinámica de las asambleas ad hoc estamos sustanciando de manera real y efectiva un fundamente viable para la democracia directa.

El concepto de dirección política vigente en el viejo régimen desaparece en el nuevo paradigma político propuesto, pues ahora es el empoderamiento ciudadano que se expresa en la dinámica de las asambleas ad hoc que tienen lugar en el nivel local el que marca las pautas de las directrices políticas.

En el nivel supralocal se implementan órganos gestores constituidos por representantes de delegación ciudadana. El Órgano Gestor es una estructura funcional sin capacidad para tomar decisiones que no cuenten con el aval de las asambleas ad hoc.

Se establece así una simbiosis entre asambleas ad hoc y  órganos gestores que no es superponible, pues las asambleas ciudadanas abiertas no se implementan en el nivel supralocal, ni los órganos gestores lo hacen en el local.

Esta estructura organizativa no implica que la relación entre el nivel local donde se articulan las asambleas ad hoc y el supralocal donde lo hacen los órganos gestores sea plebiscitarias, o sea, no hay una automaticidad que implique la obligación de parte de un Órgano Gestor de someter todas y cada una de sus decisiones a votación en las dinámicas asamblearias.

Derecho de Revocación de las asambleas ad hoc sobre el Órgano Gestor

Al establecerse por un lado un ámbito estrictamente local para el desarrollo de las dinámicas democráticas asamblearias que constituyen la base real del empoderamiento ciudadano, y por otro un ámbito exclusivamente supralocal para la dinámica de los órganos gestores, se entiende que los órganos gestores carezcan de capacidad legal para implementar decisiones si estas tienen en contra a las asambleas ad hoc.

La capacidad de Revocación que le es concedida a las asambleas ad hoc no supone que el Órgano Gestor deba someter todas sus decisiones al voto de las asambleas ciudadanas, sino que su toma de decisiones está condicionada a que estas asambleas no ejecuten el Derecho de Revocación que en el marco del nuevo paradigma político les asiste. La capacidad operativa de los órganos gestores debe estar pues claramente supeditada a la dinámica democrática ejercida directamente por los ciudadanos en las asambleas abiertas.

Las decisiones tomadas pues por un Órgano Gestor, recordemos que operativo solo en el nivel supralocal, son por tanto susceptibles de revocamiento por las asambleas ad hoc cuando en votación alcance en estas un número mínimo de votos (M) previamente establecido, pero no tienen obligatoriamente que pasar por la dinámica de las asambleas ad hoc para su aplicación efectiva. El requerimiento para que una decisión tomada en un Órgano Gestor pase por la dinámica asamblearia debe partir de esta, siempre y cuando se llegue a un número de votos prestablecido para que el Derecho de Revocación pudiese hacerse efectivo.

Tanto las asambleas ad hoc como los órganos gestores tienen capacidad legislativa y ejecutiva

En el nuevo paradigma político propuesto, las decisiones aprobadas por mayoría cualificada en asambleas ad hoc tienen la condición de Propuesta, y pueden ser sometidas directamente a referéndum ciudadano o ser enviadas a los órganos gestores correspondientes para su aprobación, dependiendo del número de votos obtenido en las dinámicas asamblearias.

Otras asambleas ad hoc podrían constituirse en el mismo nivel administrativo que las primeras y elaborar una Propuesta distinta a la de estas, por lo que una y otra podrían ser tanto elevada al Órgano Gestor correspondiente  como ser sometida a refrendo ciudadano directo, dependiendo de que el número de votos favorable a una u otra Propuesta permitiesen una u otra opción.

Esta capacidad que se le otorga a las asambleas ad hoc la cual las va a facultar para legislar y ejecutar leyes, está condicionada a que previamente a la votación de una medida que se pretende elevar a la condición de Propuesta, esta contase con un informe jurídico que se encargaría de avalar que su aplicación efectiva fuese viable.

Cuando las asambleas ad hoc adquiriesen el derecho a elevar su Propuesta a un Órgano Gestor porque el número de votos alcanzado en la dinámica asamblearia no les permitiese someterlo directamente a referéndum ciudadano, las asambleas deberán nombrar un ponente o una comisión de ponentes que se encargarán de presentarla directamente ante dicho Órgano Gestor, no pudiendo delegarse esta función en ningún delegado representado en dicho Órgano Gestor.

Una vez que la Propuesta previamente aprobada en dinámica asamblearia y previamente avalada por un informe jurídico haya sido refrendada mayoritariamente por los ciudadanos, será remitida al Órgano de Gestión correspondiente para que en este, si procede, se hagan los retoques jurídicos necesarios a fin de formalizar su redacción legal definitiva y proceder así a su implementación efectiva en el ordenamiento jurídico.

En esta mecánica se aprecia la verdadera naturaleza de los órganos gestores propuestos, que no gobiernan sino con la aquiescencia del empoderamiento ciudadno efectivo y real ejercido en primera instancia en las asambleas ad hoc, y en última y definitiva en el referéndum directo.