Aplicar el término reforma a los cambios implementados en el mercado laboral mediante el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, supone una identificación incorrecta de lo que realmente se ha hecho con este decreto, que en realidad ha consistido en una desestructuración de los derechos laborales.
El gobierno del Partido Popular decide afrontar la crisis financiero-económica provocada por los especuladores del capital con medidas que atacan derechos laborales y sociales básicos, que afectan por tanto a los sectores más desprotegidos de la sociedad. A la desestructuración laboral se suma la subida de impuestos para trabajadores y pensionistas, a la vez que se promueve una amnistía fiscal para los grandes defraudadores.
El conjunto de medidas que por parte del ejecutivo se están conformando para procurar atajar la crisis, van todas orientadas a señalar los derechos de la clase trabajadora como los responsables de la misma. En esta misma dinámica se enmarca la actitud de intentar desprestigiar a los sindicatos de trabajadores, que ya viene lanzándose desde el PP desde hace años. Pero esta inefable estrategia del partido que lideraba la oposición se empieza a transformar tras la investidura de Mariano Rajoy como Presidente, en una muy peligrosa política de gobierno.
El poder financiero no quiere organizaciones sindicales que puedan suponer un obstáculo para sus pretensiones de otorgar a los empresarios poder absoluto en su relación laboral con los trabajadores, deseo que se ve materializado en la campaña política y mediática orquestada desde el Partido Popular y muchos medios de comunicación contra los sindicatos de trabajadores. La desestructuración laboral del 10 de febrero forma pues parte de la misma estrategia que conlleva la criminalización tanto de las organizaciones sindicales representativas de los trabajadores como de los derechos laborales y sociales que habían sido conseguidos tras arduos años de luchas sindicales, sociales y políticas.
En contraposición a la agresión contra los derechos laborales y sociales, que atañen a la inmensa mayoría de la población, el poder financiero decide implementar una amnistía fiscal que favorece a los grandes delincuentes económicos, que constituyen la élite minoritaria y privilegiada que perfectamente puede prescindir de aquellos derechos laborales y sociales, ya que para nada necesita de ellos. Resulta de todo esto que a la mayoría más desfavorecida se la priva de derechos imprescindibles, al tiempo que a la minoría más favorecida se la premia en su actitud delictiva de obtención de enriquecimiento ilícito. Para los ricos el delito si tiene recompensa.
¿Estaba la amnistía fiscal en el programa electoral con el que el Partido Popular se presentó a las elecciones en noviembre de 2011?. Durante el debate de investidura de Mariano Rajoy como Presidente del gobierno celebrado entre los pasados 19 y el 20 de diciembre, el candidato no hizo mención alguna a su pretensión de implementar una amnistía fiscal para los grandes defraudadores, sin lugar a duda porque pretendía anunciarlo una vez transcurridas las elecciones autonómicas asturianas y andaluzas.
Mariano Rajoy tomó posesión como Presidente del gobierno el 21 de diciembre, y a fecha 30 de marzo la portavoz del ejecutivo nos anuncia que en el Consejo de Ministros celebrado en este día se ha tomado la decisión de otorgar una amnistía fiscal. Casualmente, justo en el día cien de la investidura de Rajoy. Quizás esta coincidencia se deba a algún tipo de superstición con las fechas.
El cúmulo de mentiras del ejecutivo de Rajoy se hace demasiado pesado para llevar tan solo cien días de gobierno, un gobierno que está alzando demasiado visiblemente los estandartes de la mentira, la hipocresía, la prepotencia que emana de su mayoría absoluta, y el desprecio hacia los trabajadores, a los que considera dotados de derechos laborales y sociales excesivos, y responsables además del deterioro económico y financiero vigente en España.
Pero la realidad es que los mismos que provocaron la crisis del 2008 con sus depredadoras especulaciones de capital, son los que ahora han instado al ejecutivo de Rajoy a tomar medidas como la desestructuración laboral, el incremento de impuestos a trabajadores y pensionistas, o la subida de las tarifas eléctricas al consumidor particular. Todo en deterioro de los derechos ciudadanos. En cambio han tomado también la determinación de otorgarse ellos mismos una amnistía fiscal que va a favorecer un incremento legal de su patrimonio, partiendo de un incremento delictivo del mismo.
A pesar de que la injusticia y la infamia presiden la política del gobierno, es de recibo reconocer que tenemos lo que merecemos.
En los años 1984 y 1991, el gobierno por aquel entonces presidido por Felipe González ya implementó amnistías fiscales, por lo que la oposición del Partido Socialista que dirige Rubalcaba no deja de ser ahora sumamente hipócrita cuando dice oponerse a la amnistía fiscal otorgada por el gobierno del Partido Popular.
El argumento de que la amnistía fiscal traerá recursos de capital necesarios para sufragar la deuda que el estado tiene contraída no justifica la enorme injusticia de una medida de estas características. Con ello ni se impide el fraude fiscal de grande dimensiones ni se sale de la crisis. Las amnistías fiscales anteriores dan prueba de ello. El objetivo de esta medida es blanquear una parte, solo una parte, del dinero negro que los canallas propietarios de grandes fortunas han obtenido ilícitamente.
Los recursos financieros que teóricamente podría obtener el estado mediante el 8 o el 10 % de gravamen especial que se aplicaría sobre las cuantías defraudadas para que quedasen blanqueadas, solo constituyen la excusa para intentar hacer aceptable ante la opinión pública un acto de tremenda inmoralidad e injusticia.
¿Desde cuando el fin justifica los medios para el Partido Popular?.
El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas Cristóbal Montoro ha declarado que la amnistía estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2012. En una rueda de prensa animó a los defraudadores que puedan acogerse a esta regularización, así la llamó el, a que lo hagan cuanto antes,
porque, pasado este año, se van a encontrar con un plan de lucha contra el fraude muy severo.
¿Por qué no puede el gobierno aplicar ese anunciado plan severo de lucha contra el fraude a partir de ya mismo?.
Esforzarse por conseguir la justicia con el posibilismo vigente es hacerlo en vano. Para que deje de serlo se precisa de trabajar por la implementación de un posibilismo distinto al hoy en día conocido. Intentar buscar la justicia dentro del sistema que históricamente la humanidad ha ido construyendo es como arrastrar la piedra de Sísifo hasta la cima de la montaña. Irremediablemente está volverá a caer.
¿Debemos seguir estúpidamente arrastrando una vez tras otra la misma piedra que siempre acaba cayendo por la misma montaña?.
José Angel Hernández Jorge 
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