El útero de la mafia (IV)

Debacle de UCD e imperiosa necesidad de capitalización de AP

En 1982 la entonces Alianza Popular, presidida por Manuel Fraga Iribarne, se vio obligada a buscar grandes flujos de dinero que pudiesen sostener una estructura organizativa que prácticamente de la noche al día se preveía que pasase de la que le era propia a una pequeña formación política que solo contaba con nueve diputados en el Parlamento Español, a una gran formación política que se disponía sin tránsito alguno a pasar a ocupar el lugar de una de las dos grandes formaciones políticas en capacidad para alternarse en el poder.

Este necesario flujo de grandes cantidades de dinero solo podría lograrse apelando a quienes pueden realmente aportar ese dinero a cambio de contraprestaciones en forma de favores públicos.

La forma en que fue insertado un apéndice mafioso en el seno de AP, a través de su departamento de tesorería, habría seguido la siguiente secuencia..

El 20 de octubre de 1981 se celebraban las primeras elecciones autonómicas en Galicia, resultando de las mismas que Alianza Popular, la formación política antecesora del Partido Popular, que vencedora de las mismas, obteniendo 301.039 votos, lo que en porcentaje supuso un 30,52 %, y en diputados al parlamento autonómico 26 sobre un total de 71. Fernández Albor, máximo dirigente entonces de Alianza Popular en la comunidad autónoma, fue el primer Presidente de la Xunta de Galicia (1982-1987), siendo investido para el cargo el 22 de enero de 1982.

Prácticamente un año después, el 18 de febrero de 1983, la UCD, partido que habría obtenido 24 diputados autonómicos, se disolvía como formación política, pasando gran parte del poder político de esta formación al partido de Manuel Fraga Iribarne. Es precisamente en el año 1982 cuando Angel Sanchís, de la mano de Fraga Iribarne, comienza a hacerse cargo de la Tesorería de AP, futuro PP.

La formación antecesora del PP era ya desde 1982 una organización política con poder para hacer concesiones de obras públicas a constructoras, no solo por su control de la Xunta de Galicia desde enero de ese año, sino por el poder institucional que comenzó a heredar de la UCD a partir de la disolución de esta en febrero del año siguiente.

Este poder recién adquirido por la formación de Fraga Iribarne fue la causa de que Angel Sanchís accediese a la tesorería de la formación política antecesora del Partido Popular. Fraga lo introdujo, a sabiendas de lo que Sanchís representaba, para forzar la capitalización que su partido necesitaba ante el brusco ascenso al que en pocos meses se vio abocado ante la realidad del desmoronamiento de la UCD que en todas las encuestas y en el clima social imperante en la época entonces ya se vislumbraba.

El Tesorero de Alianza Popular designado por Fraga Iribarne en 1982 tenía la finalidad de controlar las entradas de comisiones que a partir de ese momento llegarían de parte de las constructoras. Fue así como la tesorería de AP se insertó en ella como un apéndice de los intereses mafiosos de las constructoras.

La fuerte necesidad de capitalización que en 1982 experimentó esta formación política a consecuencia del enorme crecimiento electoral que la caracterizó debido al derrumbe de la UCD, y que la impelía a adecuar su estructura a la de un gran partido con posibilidades reales de alcanzar el gobierno del estado y de muchas administraciones autonómicas y municipales, hizo que Manuel Fraga la pusiese en manos de los intereses corruptos de las constructoras.

Cuando este partido se refundó en el Partido Popular en 1989, heredó el apéndice mafioso que representaba su departamento de tesorería, ya con fuertes ligazones con las constructoras. La ambición personal de los dirigentes del partido y de los líderes autonómicos y locales de este impidieron la extirpación del tumor en 1990, tras el afloramiento del Caso Naseiro.

Los pagos de comisiones ilegales a miembros de la cúpula del PP no constituyen más que una derivación de este entramado corrupto sistémico e institucionalizado por este partido. Estos pagos fueron la garantía para las constructoras de que la tesorería del Partido Popular no sería depurada desde la raíz aprovechando el reseñado asunto judicial.

Las constructoras no estaban dispuestas..ni lo están en el presente..a perder los inmensos beneficios que le reportan el controlar la tesorería del Partido Popular. La mafia entró para quedarse. No nos engañemos, el sistema solo espera que capeé el temporal haciendo que todo no parezca más que un asunto de chorizos y pillos. Mientras tanto sigue operando como siempre lo ha hecho.

Nuestra democracia no es más que un pelele en manos de los poderes corruptos..

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El útero de la mafia (III)

El intento de manipulación policial

El argumento que se está lanzando desde los medios de comunicación mayoritarios es que el ex Gerente y ex Tesorero delPartido Popular Luis Bárcenas se quedaba con una parte proporcionalmente importante de las cuantías de dinero que las constructoras entregaban a la formación política. Con este mecanismo de apropiación habría logrado Luis Bárcenas hacerse con un patrimonio de por lo menos 22.000.000 de euros, según estas informaciones.

“Bárcenas hizo su fortuna con comisiones que detraía del PP. La Policía dice que actuaba como Roca en Marbella: pedía el dinero para el partido y se quedaba la mayor parte de él”.

Con estas palabras aparecidas en un artículo del diario El Mundo el 4 de marzo de 2013 se incidía en la estrategia psicológica de pretender engañar la mente del ciudadano a través de la estrategia de sembrar la idea de que el Tesorero Bárcenas constituye un ente aislado que actuaba al margen del conocimiento de la cúpula del Partido Popular.

Se impele a la mente humana a establecer mecánicamente una asociación entre el Gerente primero y Tesorero después, segundo y primer responsable respectivamente de las finanzas del partido, con Juan Antonio Roca, el que fuera Gerente Municipal de urbanismo de Marbella entre 1992 y 2003.

Pero esta asociación a la que nos impele la notica de El Mundo, tomada según dicen de informes policiales, contiene una trampa evidente. Antonio Roca y el alcalde al que secundaba podían hacer libremente concesiones de obras públicas a constructoras o inmobiliarias dentro de los límites de su administración municipal,  de tal manera que las comisiones que Roca recibía de aquellas constructoras o inmobiliarias garantizaban una concesión de obra pública que el estaba en disposición de conceder, el o su alcalde.

El caso de Alvaro Lapuerta, Tesorero, y Luis Bárcenas, primero Gerente y luego Tesorero del PP, no guarda relación alguna con el de aquellos personajes al frente de la Gerencia Municipal de Urbanismo y la Alcaldía de Marbella, pues Lapuerta y Bárcenas no podía garantizar por si mismos la concesión de obra pública alguna, ni de ámbito nacional, ni autonómico, ni municipal.

Si los informes de la Policía, tal como asevera El Mundo, se afanan en comparar el modus operandi de Bárcenas con el de Roca en Marbella, la Policía estaría intentando colaborar con el Gobierno en la manipulación de la opinión pública, en el sentido de intentar afianzar la idea de que Luis Bárcenas no ha sido más que un chorizo o un pillo que ha actuado corruptamente al margen del conocimiento de la dirección de su partido.

Si Bárcenas retuvo para si parte de las comisiones que las constructoras entregaban al PP, y logró con estas apropiaciones hacerse con una fortuna de por lo menos 22.000.000 de euros, tal como ha quedado constatado a raíz de la Comisión Rogatoria a Suiza, cabría constatar en primer lugar que, efectivamente, la formación política que hoy gobierna en España recibía cuantiosas comisiones de diversas constructoras.

Una comisión, a diferencia teórica de una donación, conlleva la contraprestración de un beneficio. Lapuerta y Bárcenas solo podían ser los receptores de la comisión..¿pero es factible que fueran también los concesionarios obras públicas que solo podían corresponder conceder al Gobierno, la administración autonómica, o la administración municipal?..

Las constructoras no iban a dar comisiones a Bárcenas o Lapuerta si a cambio de ello no recibían la compensación de concesiones en obras civiles que les supondrían beneficios inmensos. A diferencia de Roca o su alcalde en Marbella donde las comisiones eran entregadas a estos directamente, pues ellos tenían el poder de otorgar a estas contraprestaciones en forma de obras públicas, las comisiones entregadas a Lapuerta y Bárcenas iban para el Partido Popular que se encargaba luego de repartirla a la Administración que correspondiese.

Una parte de estas comisiones iba a parar a Bárcenas y a Lapuerta, pagada tanto por el partido como por las constructoras, pues uno y otro tenían la condición de pluriempleados..

El dinero de Bárcenas que la Comisión Rogatoria descubrió en una cuenta de Suiza no es al cien por cien de el, ni mucho menos. Si este hombre tiene varios testaferros por el mundo, es porque a su vez forma parte de una estructura mafiosa de la que a su vez el mismo es testaferro. Es absurdo pensar que las constructoras hacían entregas de comisiones sin pactarlas antes y tener conocimiento de ellas los responsables de la administración a las que luego iban dirigidas, la nacional, la autonómica, o la municipal.

Siendo el receptor de las comisiones el Partido Popular a cambio de concesiones de obras públicas, ¿como es que desde la cúpula de este se ignoraban las cuantías que las constructoras entregaban a Lapuerta y Bárcenas?..

Este planteamiento elaborado para intentar aislar la actividad corrupta de Bárcenas del conocimiento de la cúpula del PP, no tiene sentido alguno. Es más, hay que estar bastante ciego para dar por hecho que los propios dueños de las constructores no llegaron a hablar jamás durante las dos décadas en las que Bárcenas ejerció de Gestor o Tesorero del Partido Popular con nadie de la cúpula de esta formación política. Es completamente absurdo presuponer que aquellos constructores que aportaban esta o aquella cuantía al partido para estas o aquellas concesiones de obras públicas no hubiesen hablado nunca de ello con este o aquel miembro de la cúpula.

El Partido Popular debía pactar una comisión determinada para proceder a la concesión de una obra pública, no podía esperar a que una constructora donase lo que voluntariamente quisiera para ejecutarla.

Bárcenas y Lapuerta debían entregar al partido la cuantía en concepto de comisión que previamente este había pactado con la constructora.

El útero de la mafia (II)

La sobredimensión del Tesorero

El llamado Caso Naseiro comienza a incoarse hacia diciembre de 1989, cuando el juez Luis Manglano autoriza escuchas telefónicas para investigar un presunto delito de tráfico de drogas. De estas grabaciones que recogen conversaciones entre diciembre de 1989 y abril de 1990 entre Salvador Palop Martínez, ex concejal del Partido Popular por Valencia ya fallecido en 2008, y varios miembros del Partido Popular, se destapa sin pretenderlo un presunto asunto de financiación ilegal del PP.

Es a raíz de estas conversaciones telefónicas que resultan imputados el Tesorero que ocupaba el cargo en ese momento, Rosendo Naseiro (1987-1990), y su antecesor en el puesto, Angel Sanchís (1982-1987). Pero el Tribunal Supremo anula en 1992 la carga probatoria de dichas escuchas telefónicas.

Las pruebas obtenidas en las conversaciones telefónicas que imputaban a los afectados un presunto delito de financiación ilegal fueron sobrevenidas, no relacionadas por tanto con la causa que motivo la autorización de las mismas, que estaba relacionada con indicios de actividades de narcotráfico. En ello se basó el Tribunal Supremo para estimar que los derechos de los imputados habían sido conculcados.

Al ser anulada la prueba de cargo, el Tribunal Supremo pudo justificar jurídicamente la absolución de los imputados en el Caso Naseiro en julio de 1992. Si no hay prueba de cargo no hay acusación posible, y si no hay acusación no cabe sino la absolución. Una perfecta artimaña jurídica que permitió la continuidad de la trama de financiación ilegal a través de la tesorería del partido.

En mayo de 1990 Ruíz Gallardón elaboró un informe sobre el Caso Naseiro que acabó exculpando de toda responsabilidad a los máximos dirigentes de su partido, y cuyas principales conclusiones fueron:

1. La Policía judicial ha actuado al margen del derecho por razones no declaradas, pero ajurídicas, que exigen una investigación parlamentaria para aclarar la responsabilidad del Ministerio del Interior y la personal de los funcionarios implicados.
2. El juez Manglano ha actuado con exclusión del respeto debido a las normas sobre competencia judicial y con violación -presunta, pero más que razonable- de derechos fundamentales amparados por la Constitución, lo cual puede determinar la nulidad de todas las actuaciones.
3. El ministerio fiscal no ha ejercitado en la causa los fines de su participación en el caso: defender la legalidad, los derechos de los implicados y la adecuación a derecho del procedimiento.

A pesar de la absolución del Tribunal Supremo los implicados en el caso Naseiro fueron apartados de las labores de gestión en el Partido Popular, pero fue precisamente a partir de 1990, coincidiendo con el informe del Gallardón, cuando Luis Bárcenas comenzó a hacerse cargo directamente de la contabilidad del partido, aun estando oficialmente vacante entre 1990 y 1993 el puesto de Tesorero.

El informe de Ruiz Gallardón de mayo de 1990 solo sirvió para salvar la cara ante la opinión pública apartando a los imputados que luego fueron absueltos por el Supremo, pero también sirvió para poner al frente de la tesorería del partido a Alvaro Lapuerta y Luis Bárcenas.

Ni los tesoreros ni los gerentes del Partido Popular tienen poder alguno para hacer concesiones de obras civiles a las constructoras que daban donativos a la formación política. El Tesorero y su segundo, el gerente, son tan solo los recaudadores de las comisiones ilegales de las constructoras, llamadas cínicamente donaciones en el lenguaje oficial del partido.

Poner al Tesorero o al Gerente como el centro neurálgico de la trama de corrupción supone un evidente intento de engañar la mente desviando la atención pública sobre el verdadero y grave problema, la implicación del aparato del estado a través de los órganos de gobierno estatal, autonómico, o local, al servicio de intereses mafiosos.

Los recaudadores de las comisiones ilegales que las constructoras entregaban al partido para que las administraciones públicas por este controladas les hiciesen concesiones de obras civiles, obviamente debían obtener a su vez comisiones de las comisiones para mantener su silencio y su fidelidad a la trama mafiosa que el Partido Popular se ha encargado de institucionalizar. La tesorería del PP parece funcionar al margen de la dirección del partido..aunque esta anomalía sea plenamente aceptada por la cúpula dirigente.

El propio sueldo reconocido por Luis Bárcenas como trabajador del Partido Popular, 21.300 € brutos mensuales, podría no estar pagado al 100% por la empresa que legalmente le ha tenido contratado hasta el 31 de enero de 2013.

¿Por qué a pesar de la amenaza que el Caso Naseiro supuso para la imagen de transparencia del Partido Popular, que dejó en entredicho la legalidad de su financiación, no extirpó este partido el apéndice mafioso que se había inoculado en su gerencia de tesorería?..

Las constructoras han seguido desde entonces donando, en lenguaje cínico, generosas contribuciones al PP para que las administraciones públicas por este controladas les hiciesen concesiones de obras civiles. Este es el centro neurálgico de la trama de corrupción mafiosa que atenaza a las instituciones del estado, no se trata por tanto de un Gerente o un Tesorero que sea un chorizo o un pillo, como recientemente lo ha calificado Alberto Núñez Feijóo, Presidente de la Junta de Galicia, en un claro intento de trivializar la trama de corrupción mafiosa institucional ante la opinión pública.

Este intento de trivialización de la trama, en el que están empeñados dirigentes políticos del PP y algunos medios de comunicación, hace aún más grave la ocultación y la falta absoluta de transparencia ante la ciudadanía, suponiendo además una enorme burla hacia esta.

El útero de la mafia

¿Es la tesorería del PP una correa de conexión con la mafia?
¿Es la tesorería del PP una correa de conexión con la mafia?

La sospechosa tesorería del Partido Popular

Luis Bárcenas ha formado parte de la gerencia de tesorería del Partido Popular desde la fundación de esta formación política en enero de 1989, así como también formaba parte de la tesorería de la formación antecesora de esta, Alianza Popular, desde el 2 de marzo de 1982, tiempo en que Fraga Iribarne era presidente de la misma. Desde esta fecha ocupó el cargo de Gerente, puesto que en la pirámide jerárquica de este departamento donde se controlan las finanzas del partido le colocaba por debajo del de Tesorero.

Sucesivamente y desde 1982 estuvo bajo las ordenes de los tesoreros Ángel Sanchís, Rosendo Naseiro y Álvaro Lapuerta.

Angel Sanchís fue Tesorero de la formación antecesora del Partido Popular entre 1982 y 1987. Había sido el mentor de Luis Bárcenas en 1982, cuando se lo presentó a Fraga Iribarne, que entonces le nombró Gerente del partido que presidía a causa de ser hombre de confianza de su Tesorero. En 1989 sería procesado en el caso de financiación ilegal del Partido Popular que lleva el nombre de su sucesor en el cargo de Tesorero.

Rosendo Naseiro, Tesorero del partido de 1987 a 1990, sucedió en el cargo a Angel Sanchís. Fue procesado junto con este en el asunto de financiación ilegal del PP que lleva su nombre, el Caso Naseiro, posteriormente archivado por una artimaña legal que conseguiría la invalidación de las escuchas telefónicas sobre las que se sustentaba el potencial caso de corrupción por decisión del Tribulan Supremo.

Desde 1990 hasta 1993 el cargo de Tesorero del PP se mantuvo vacante, en una situación semejante a la de Sede Vacante que se produce en el período que transcurre desde que un Papa muere, o renuncia, como ha ocurrido en el caso del último Papa Benedicto XVI, hasta que es nombrado en nuevo Sumo Pontífice, a causa de la investigación judicial sobre el Caso Naseiro.

Pero en julio de 1992 se produce la invalidación de las escuchas telefónicas que implicaban a Sanchís y a Naseiro, y ambos resultan entonces absueltos.

Es en febrero de 1993 cuando Alvaro Lapuerta accede al cargo de Tesorero, responsabilidad que ostentaría hasta que se jubila en 2008, momento en que pasa el testigo a su segundo, el eterno Gerente de Partido Popular, Luis Bárcenas, que pasaría entonces a ocupar el puesto de Tesorero del PP hasta abril de 2010, según fuentes oficiales del partido en el gobierno. Desde esa fecha y hasta el 31 de enero de 2013 habría estado contratado como asesor del partido, según la versión del propio Luis Bárcenas, o en simulación contractual para abonarle durante ese tiempo un finiquito en diferido según una enrevesada versión oficial de la formación política para la que Luis Bárcenas trabajó durante prácticamente 31 años.

He considerado necesaria esta breve historia para ordenar cronológicamente la enmarañada y confusa información que día tras día, según mi entendimiento, llega al público a través de los medios de comunicación. También para aclarar los conceptos a los que se alude cuando se habla indistintamente de Gerente o Tesorero del Partido Popular, que llegan confusamente a la opinión pública, y que en ocasiones se utilizan para manipular la mente de los receptores de la información haciendo concebir la falsa idea de que Bárcenas solo ha tenido que ver con el control de las finanzas del PP desde el período que abarca de 2008 a 2010, durante el cual ostentaba el cargo de Tesorero, obviando que ya desde 1982, como Gerente del partido, tenía responsabilidades en el control de dichas finanzas nada menos que como mano derecha y segundo de los sucesivos tesoreros que en el PP se sucederían entre 1982 y 2008.

Angel Sanchís y Rosendo Naseiro implicados en el Caso Naseiro, Alvaro Lapuerta y Luis Bárcenas implicados en el caso Bárcenas. Una continuidad en el tiempo desde 1982 hasta enero de 2013 que no puede deberse a corruptos aislados que se han aprovechado de sus puestos en el Partido Popular, sino a una trama organizada que se escenifica a través de una parcela muy concreta de esta formación política, la que tiene que ver con los puestos de máxima responsabilidad de su gerencia de tesorería.

Las tramas oscuras de financiación que se vienen escenificando en este partido desde 1982, precisamente el año en que se produce su eclosión en cuanto a acceso al poder político se refiere, tanto en el ámbito municipal como autonómico, implican a poderosos intereses financieros ligados especialmente al sector de la construcción.

Las donaciones de empresas del ámbito de la construcción a los partidos políticos suponen la compra de voluntades políticas que implican concesiones de obras civiles que enriquecen a estas empresas.

Es cuanto menos extraña la implicación de todos los tesoreros del PP y de su Gerente, cargos relacionados con el control de las finanzas del partido, en asuntos de financiación ilegal asociada a empresas de construcción y las concesiones a estas de obras civiles. Da la sensación de que los tesoreros del PP constituyen de alguna forma un nexo organizado con empresas donantes que previamente deben dar el consentimiento para su nombramiento.